ACOGIDA Y ADOPCIONES

Una ley primará que vivan con familias y agilizará los trámites para adoptar
MARÍA R. SAHUQUILLO - Madrid - 08/07/2011

Ya no habrá cunas en los centros de acogida. Los menores de seis años que estén en situación de desamparo irán directamente a casa de una familia, de acogida o de adopción. Así lo prevé el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia que, según anunció ayer en una comparecencia en el Senado la ministra de Sanidad Política Social e Igualdad, Leire Pajín, estudia hoy el Consejo de Ministros.

La norma simplifica y agiliza los trámites para estos procedimientos, que duran años. La nueva regulación, según ha sabido EL PAÍS, termina también con la figura de la acogida preadoptiva. Los padres deberán decidir desde el principio si quieren adoptar a un hijo o solo acoger a un menor en desamparo.

No hay datos de cuántos menores tutelados hay en España. Cada comunidad tiene sus cifras. La comisión especial formada en el Senado para tratar este problema los cifra entre 35.000 y 40.000 (hasta los 18 años), en su informe de 2010. El 25% de ellos aún no ha cumplido seis años.

La norma que analiza hoy el Gobierno y que tiene como principio que los menores no sufran situaciones de desamparo, traza dos caminos. Uno para los menores que viven con su familia, en las que se han detectado problemas; y otro para el resto.

Para el primer caso, la ley contempla mecanismos para que, una vez detectada la situación de riesgo, los servicios sociales intervengan y pongan en marcha políticas que ayuden a la estructuración familiar. Si esto no es suficiente, explican fuentes del Ministerio de Sanidad y Política Social, se tratará al menor de forma individual. Existirá, por ejemplo, la opción de que acuda a un centro de menores "de día" y se le acompañará en la escolarización. Si nada de esto funciona, el menor pasará a una familia de acogida. Una fórmula en la que viven unos 10.000 menores, según datos de los expertos del Senado.

La segunda parte de la ley se ocupa de aquellos menores que ya han entrado en una situación de desamparo. Para ellos, igual que ahora, habrá tres vías: acogida, adopción o centro de menores. Los menores de tres años pasarán, según prevé el anteproyecto, directamente a una familia de acogida o adopción. Los niños de tres a seis años también irán, aunque no directamente sino "prioritariamente", a casas en lugar de centros. Su ingreso en una familia, explican fuentes próximas a la ministra, suele ser más complicado que con los niños más pequeños. Los centros de menores serán, por tanto, la última opción.

Se pretende acabar con una situación dramática para los menores, que ahora esperan mucho tiempo en centros de acogida hasta que la administración soluciona su caso. Y es que España está a la cabeza de Europa occidental en número de menores institucionalizados. Una situación muy desaconsejada por los expertos.

Otra de las novedades del anteproyecto -que modifica el Código Civil, la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Enjuiciamiento Civil- es que separa los procedimientos de acogida y adopción. Acaba así con la acogida preadoptiva, en la que una familia podía tener a un menor en acogida y luego decidir adoptarlo.

La norma contempla también la posibilidad de adoptar a mayores de 18 años si estos vivían previamente con los adoptantes en acogida, o si la convivencia de esa persona con la familia, antes de cumplir la mayoría de edad, era "estable". Se trata de que el joven, al cumplir 18 años, no pierda la protección de la familia con la que ha vivido en acogida, y de que pueda beneficiarse de todo lo que el Código Civil prevé para un hijo.

La ley regula también los centros de acogida para menores con trastornos de conducta, que ahora se guían por normas autonómicas; aunque ninguna específica, según fuentes de Política Social. Una situación que deja a los menores que viven en estos centros en una situación, si cabe, más vulnerable; y sobre la que ya habían llamado la atención organizaciones de protección de la infancia y el Defensor del Menor.

Un reciente informe de este último detallaba abusos en centros de menores de la Comunidad de Madrid: desde encierros a ataduras con cadenas o cuerdas. Para acabar con estas prácticas sin control, el texto estipula que un menor solo puede ingresar en un centro para personas con problemas de conducta si existe un diagnóstico de un experto. Además, se establece cuándo se le puede medicar. Para ingresar a un menor en un centro con libertad restringida (diferentes de aquellos para chicos que han delinquido) se necesitará autorización judicial.